Ecos Políticos: ¿Independencia Judicial en Jaque?

La reciente reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso ha abierto una nueva grieta en la ya fracturada relación entre los poderes del Estado mexicano. Presentada como una herramienta para democratizar la justicia y combatir la corrupción, esta modificación ha sido criticada por muchos expertos y opositores como un ataque directo a la independencia judicial y una maniobra de control político.

En su discurso, el presidente asegura que esta reforma es necesaria para acabar con la “mafia del poder” que tiene influencia en los tribunales del país. Sin embargo, no podemos perder de vista las implicaciones que esto podría tener para la autonomía del Poder Judicial, uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. El mensaje implícito detrás de esta medida parece ser que si el Poder Judicial no actúa como el Ejecutivo espera, entonces debe ser “reformado” para alinearse con la agenda del gobierno en turno. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿estamos ante un intento de control o una verdadera reforma para mejorar la impartición de justicia?

Uno de los puntos más polémicos es la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la elección popular de Ministros, magistrados y jueces. En teoría, esto busca evitar que las mismas familias de jueces y magistrados se perpetúen en el poder. ¿Se busca abrir la puerta a jóvenes talentos comprometidos con la justicia, o se pretende facilitar la entrada de figuras afines al proyecto de la Cuarta Transformación? En la práctica, abre la puerta a que el Poder Ejecutivo o incluso el crimen organizado tenga control sobre quiénes ocupan los cargos clave en el sistema judicial. Este es un peligroso precedente, especialmente en un contexto donde el presidente López Obrador ha sido un crítico abierto de las decisiones judiciales que no le favorecen. La reciente eliminación de fideicomisos del Poder Judicial, justificada como parte de esta misma lucha contra la corrupción, ha sido vista por muchos como otro paso para debilitar su independencia económica.

El riesgo de politización del Poder Judicial no es nuevo, pero nunca antes había sido tan evidente. Las democracias modernas se sostienen en la autonomía de sus instituciones, y cuando un poder empieza a tener injerencia sobre el otro, el equilibrio se rompe. Las decisiones judiciales deben basarse en la ley, no en los deseos del gobierno en turno. Si los jueces y magistrados temen represalias por fallos que incomoden al Ejecutivo, la balanza de la justicia se inclina peligrosamente hacia un lado.

Claro está que el Poder Judicial en México no está exento de problemas. La corrupción y el nepotismo son reales, y la falta de acceso a una justicia rápida y eficaz es una deuda histórica. Pero la solución no puede ser la erosión de su independencia. Reformar el sistema judicial es necesario y urgente, pero debe hacerse con un enfoque integral y no con medidas que, bajo el pretexto de la renovación, escondan un intento de sometimiento.

La mejor opinión es la suya. Nos leemos la próxima.

Temístocles de Atenas